La historia se repite: el gobierno reformista boliviano de Evo Morales está siendo violentamente impugnado por la coalición de grandes terratenientes y empresarios que perdieron las pasadas elecciones en aquel país. Durante las últimas semanas han sido asaltadas diversas oficinas gubernamentales y asesinados numerosos manifestantes del campesinado que apoya a Morales.

Los magnates de las cinco provincias que contienen los yacimientos energéticos bolivianos pretenden obtener unilateralmente la “autonomía”, rechazando el control gubernamental de las rentas que producen las reservas de gas natural, a pesar de que, en agosto último, Evo Morales ganó por mayoría de dos tercios el referendum que ratificaba su mandato.

El dia 11 de septiembre, grupos paramilitares organizados interceptaron y ametrallaron a un grupo de más de mil manifestantes campesinos en Cotija (en la provincia secesionista de Pando) con el resultado de 30 muertos y más de 100 desaparecidos. Por ello, Morales declaró al día siguiente el estado de sitio en Pando, cuyo gobernador, junto a los gobernadores de las otras cuatro provincias secesionistas, forma parte de un instrumental Consejo Nacional Democrático.

En Bolivia, menos del cinco por ciento de la población posee y controla el 90% de los terrenos agrícolas. El 80% del campesinado guaraní sólo posee el 3% de la tierra cultivada. La Constitución boliviana, reformada por Evo Morales, prevé ahora que determinadas tierras no cultivadas, o las que carezcan de propietario, se concedan a los campesinos para su explotación a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria. La medida no agrada a los grandes propietarios de las provincias ricas en gas natural, que en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, han atacado las oficinas del INRA y otras instalaciones estatales, destruyendo tambien parte de los gasoductos y reduciendo así en un 10% la exportación de gas a Brasil.

¿Quién es Philip Goldberg?
El pasado fin de semana, el gobierno boliviano expulsó del país al embajador estadounidense, Philip Goldberg, tras constatar los reiterados encuentros de éste con los líderes secesionistas del Consejo Nacional Democrático.

El embajador Goldberg parece estar especializado en temas de secesión. En el caso de la antigua Yugoslavia, fue gestor principal del caso de Bosnia y en la negociación de los subsiguientes “Acuerdos de Dayton”. Más tarde, fue nombrado embajador en Kosovo, tras la ocupación de aquel territorio servio por las fuerzas de la OTAN y su segregación. En Bolivia, ha venido interviniendo activamente en la distribución de millones de dólares procedentes de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Donación Nacional para la Democracia (NED), que apoyan asiduamente a diversas formaciones de derechas, sin hacer pública la identidad de los destinatarios reales.

El gobierno boliviano subraya que la reciente revuelta de Santa Cruz se produjo inmediatamente después del regreso de Estados Unidos del líder rebelde Branco Marinkovic y del encuentro secreto de Goldberg con el gobernador secesionista Rubén Costas.

Advertencia a EE.UU.
Evo Morales ha venido dado evidentes muestras de desear contener la escalada internacional del conflicto boliviano. Así se evidenció en su conferencia de prensa de la semana pasada y así lo han entendido los presidentes y presidentas de los 12 países suramericanos que integran la UNASUR en la reunión convocada por la presidenta chilena para tratar del tema. Por su parte, desde el primer momento, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, hizo patente su deseo de “apoyar a Evo Morales y evitar una nueva versión del golpe que acabó con la presidencia y la vida de Salvador Allende, en 1973”.

Aun dentro de la moderación exigida por Lula da Silva (Brasil es el primer cliente de Bolivia), esta cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, representa un primer gran aldabonazo colectivo que Estados Unidos haría muy bien en no ignorar. El comunicado final de UNASUR viene a ser un ¡Basta ya! a la permanente y secular intromisión yanki en las administraciones de los países suramericanos:
"No existe circunstancia alguna que justifique la violación a los derechos humanos - en especial el derecho a la vida - para conseguir un objetivo político", declaraba la presidenta chilena, Michelle Bachelet, como colofón del histórico encuentro.

Por supuesto, no podía faltar el apoyo de Hugo Chávez a Bolivia y probablemente en eso se hayan basado los recelos y las gestiones moderadoras de Lula da Silva. Chávez había afirmado poseer datos sobre la intervención norteamericana en la sombra y había anunciando, simultáneamente, la apertura de una investigación sobre el atentado que habrían estado tramando contra él mismo los generales Wilfredo Barroso, Eduardo Baez y el vicealmirante Carlos Alberto Millán, en connivencia con organismos de la inteligencia estadounidense. En respuesta, el presidente venezolano ha procedido a expulsar de Venezuela al embajador Patrick Duddy y ha amenazado con suprimir el suministro de petróleo a Estados Unidos, lo que privaría a Washington nada menos que del 20% del oro negro que consume.

Está por verse el próximo movimiento de Estados Unidos, aunque es de suponer que el Sr. Bush preferirá pasar la patata caliente a su sucesor en la Casa Blanca....tal vez.

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